HERALDO DE ARAGÓN 10 ENERO 2013
La DGA firma el acuerdo para aprobar la Ley de Función Pública
Esta ley tiene como objetivos fundamentales la articulación de una administración más moderna, transparente,
El Gobierno de Aragón ha firmado este viernes un acuerdo global con los sindicatos UGT, CC.OO y CSI-F, y con los representantes de todas las administraciones públicas de la Comunidad, dentro del proceso de aprobación del proyecto de Ley de Función Pública de Aragón.
Esta ley tiene como objetivos fundamentales la articulación de una administración más moderna, transparente, ágil, eficiente y volcada en el servicio al ciudadano, informa el Ejecutivo en una nota de prensa.
El proceso, que comenzó el pasado mes de junio, se completará en las próximas semanas con la recepción de informes de diferentes instancias administrativas, antes de ser ratificado en Consejo de Gobierno y culminar con la tramitación parlamentaria en las Cortes de Aragón.
Los ejes vertebradores de la nueva Ley son el desarrollo de las posibilidades que ofrece el Estatuto de Autonomía de Aragón, el fortalecimiento del concepto de "función pública" como estatuto de servicio público y avanzar en el principio funcionarial y el refuerzo del principio de publicidad y transparencia en la gestión de los recursos humanos, especialmente en lo relativo al acceso al empleo público y a la carrera profesional.
También pretende impulsar la profesionalización de la administración pública; profundizar en la apuesta por la ética del servicio público yfortalecimiento de sus garantías, la simplificación del aparato institucional y la agilización de los procesos administrativos relacionados con los recursos humanos.
El texto legal tiene como ámbito de aplicación la administración autonómica y local, Universidad de Zaragoza y los organismos y demás entidades públicas con personalidad propia vinculadas y dependientes de cualquiera de las instituciones públicas aragonesas.
Algunas de sus disposiciones, como los principios generales del acceso al servicio público, deberes y código de conducta, directivos públicos profesionales y personas con diversidad funcional serán igualmente la referencia legal para las empresas públicas, fundaciones privadas de iniciativa pública y consorcios.
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