PLATAFORMA ESTATAL EN DEFENSA
DE LA ESCUELA PÚBLICA
NO AL CAMBIO
INJUSTIFICADO DE LOS LIBROS DE TEXTO
NO A UN NUEVO
CURRÍCULO ORIENTADO IDEOLÓGICAMENTE
SÍ A UNA ENSEÑANZA
PÚBLICA Y DE CALIDAD FINANCIADA
EN SU TOTALIDAD CON
LOS FONDOS PÚBLICOS
La
Constitución Española de 1978, en su artículo 27.4 establece,
literalmente, que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita».
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su
artículo 3.3, dispone que la educación primaria y la secundaria
obligatoria constituyen la enseñanza básica, y en su artículo 4.1
que ésta será obligatoria y gratuita para todas las personas. En
igual forma, lo dispone el artículo 1 de la Ley
Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación
(LODE).
Es
evidente que de estos textos legales se desprende que las enseñanzas
obligatorias no deben representar coste económico alguno para el
alumnado y, por ende, para sus padres y madres o
tutores legales. Sin embargo, en los últimos años las diversas
Administraciones Públicas han reducido, e incluso eliminado, las
partidas económicas que estaban orientadas a intentar garantizar la
gratuidad de la enseñanza obligatoria. Así, las becas y ayudas de
todo tipo han sufrido recortes continuados, llegando a desaparecer en
muchos casos. Becas y ayudas que deben ser recuperadas e
incrementadas de forma urgente. En lo que respecta a los libros de
texto y los materiales curriculares, la situación actual provoca que
una parte muy considerable del alumnado no pueda acceder a los
mismos. Con el pretexto de la crisis económica, se está atacando la
igualdad de oportunidades y la equidad de nuestro sistema educativo
y, con ello, se está vulnerando el derecho a la educación de una
gran parte de la ciudadanía.
Es
cierto que la utilización de los libros de texto no es obligada
desde un punto de vista pedagógico, es más, cada vez existen más
docentes y centros educativos que no los usan habitualmente, salvo
como materiales existentes en las bibliotecas de aula, y que se debe
caminar en ese sentido para que sean los docentes los que desarrollen
su labor con sus propias unidades didácticas, elaboradas en función
del alumnado que tienen en sus aulas, pero es evidente que los libros
de texto son considerados aún
por muchos docentes como materiales imprescindibles para poder
impartir las enseñanzas y así los solicitan a las familias, que
deben afrontar los costes de su adquisición, puesto que ello no es
asumido en su totalidad por las Administraciones.
Por
otra parte, el próximo curso
2014/2015, se pretende poner en marcha la LOMCE en 1º, 3º y 5º de
Primaria y 1º de Formación Profesional Básica, lo que afectará a
más de millón y medio de estudiantes. El
Ministerio tramita, de forma
irresponsablemente acelerada además, los nuevos Reales Decreto de
currículo, para adaptarlos a su
visión ideológica y orientarlos a la superación de reválidas y
otras pruebas estandarizadas, elementos fundamentales de su ley
educativa. Las editoriales, por su parte, se disponen a modificar sus
libros de texto para adaptarlos a los nuevos decretos. Ello les
generará nuevos beneficios a costa de las familias y causará que se
puedan perder los materiales acumulados en los bancos de libros, algo
que ven con buenos ojos.
Pero
debe tenerse en cuenta que estos cambios, tanto los realizados en la
LOE, a través de la denominada LOMCE, como los que se realizarán
como desarrollo de los anteriores, parten de una imposición
unilateral del Gobierno central y el partido político que lo
sustenta, habiendo cosechado ya el rechazo del resto del arco
parlamentario y de la inmensa mayoría de la sociedad, que exige su
retirada inmediata. De este rechazo, ha surgido el compromiso de las
fuerzas políticas de la oposición de proceder a la derogación de
la LOMCE.
Por
todo lo anterior, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública,
exigiendo la completa financiación de la enseñanza pública con los
fondos públicos, anuncia que inicia una campaña, de forma conjunta
con todas las plataformas existentes, en la que llama a las
Comunidades Educativas de todos los centros educativos a la toma de
acuerdos en los Consejos Escolares para que no se cambien los libros
de texto que se estén utilizando en la actualidad, dado que:
- Son perfectamente válidos y deben seguir siéndolo durante un mínimo de cuatro años desde el curso para el que fueron adquiridos.
- Los cambios curriculares que se proponen ahora no tendrán una gran vigencia y, además, no son cambios esencialmente de los contenidos, sino del enfoque de los mismos por motivos ideológicos.
- Existen grandes dificultades de las familias para asumir costes por la adquisición de libros de texto y materiales curriculares.
- Los bancos de libros que se han creado deben seguir siendo usados porque suponen un capital social que debe ser respetado y defendido.
Para
ello, se difundirá un modelo a utilizar en todos los Consejos
Escolares, especialmente en los de los centros educativos, para que
se convoquen reuniones extraordinarias de los mismos por este motivo,
así como otro de posible resolución, y se hace un llamamiento
expreso a que sean utilizados de forma urgente y masiva.
29 de enero de 2014
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