PROPUESTA APROBADA POR EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO
La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en su sesión del día 29 de mayo de 2014, ha acordado, por mayoría absoluta, elevar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la siguiente propuesta:
Considerando que:
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El artículo 27 de la Constitución Española establece la educación obligatoria y gratuita como un derecho fundamental de los ciudadanos, significativo para el desarrollo de la sociedad.
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Dicha gratuidad debe alcanzar no sólo a la impartición de la enseñanza sino también a aquellos materiales que se utilicen de forma habitual en la misma.
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Los libros de texto y el material curricular, a día de hoy, constituyen una herramienta de aprendizaje utilizada asiduamente en el proceso de enseñanza.
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Pese a los cambios previstos en el currículo escolar, muchos libros de texto que se utilizan en la actualidad pueden seguir siendo útiles y es una obligación social mantenerlos vigentes el máximo tiempo posible, máxime en el contexto socioeconómico actual.
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Existen grandes dificultades de las familias para asumir los costes impuestos por la adquisición de los libros de texto y materiales, agravadas por la reducción, e incluso eliminación, de ayudas específicas para ello.
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Los bancos de libros que se han creado suponen un capital social que debe ser mantenido, respetado y defendido.
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El modelo de préstamo favorece la solidaridad y el respeto por lo ajeno, fomentando en el alumnado hábitos de responsabilidad, cuidado y respeto hacia el material escolar, favoreciendo también el respeto al medio ambiente, a la vez que preserva fuentes de energía y materias primas no renovables.
El Consejo Escolar del Estado insta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a que impulse un acuerdo en todos los foros donde sea oportuno, especialmente en el seno de la Conferencia Sectorial, así como a que ejerza sus competencias en lo que sea necesario, para:
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Garantizar la gratuidad total de la enseñanza básica, de manera que las familias no tengan que aportar cantidad alguna por libros de texto u otros materiales de carácter didáctico o curricular necesarios para que sus hijos e hijas reciban dicha enseñanza.
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Garantizar, en tanto no se cumpla íntegramente el mandato constitucional de gratuidad de la enseñanza básica, la existencia de un sistema de ayudas dotado de la suficiente financiación para que, sin concurrencia competitiva, contribuya a asegurar la adquisición de libros de texto y otros materiales curriculares y didácticos para todo el alumnado que lo necesite, en igualdad de derechos con independencia del territorio en que resida o curse estudios,
y teniendo en cuenta para ello los umbrales de renta establecidos para las becas y ayudas al estudio de carácter general.
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Mantener un mínimo de cinco cursos escolares los libros de texto, salvo que existan razones pedagógicas fundadas, valoradas por los centros educativos, que lo desaconsejen por el bien del alumnado y, previamente al momento del cambio, dichas razones se pongan en conocimiento de sus familias por parte de los centros educativos.
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Emitir una nueva normativa que favorezca y facilite la creación y gestión de los bancos de libros en los centros educativos para conseguir que todo el alumnado pueda disponer de los mismos bajo la fórmula de préstamo, o intercambio, y reutilización.
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Promover que las Administraciones educativas soliciten a las familias de cada centro educativo que cedan a los bancos de libros, cuando finalice el actual curso escolar, y siempre que sus hijos e hijas progresen al curso siguiente, los libros que actualmente estén utilizando.
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Fomentar y reconocer la elaboración de materiales curriculares y didácticos por parte del profesorado como línea de actuación en la investigación y la innovación pedagógica.
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Favorecer en los centros educativos las condiciones adecuadas para que se puedan utilizar los materiales curriculares y didácticos elaborados por el profesorado.
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Realizar una campaña informativa para que se promueva una revisión de los proyectos educativos de los centros que favorezca métodos organizativos y de enseñanza no necesariamente basados en la adquisición de libros de texto por parte de las familias con cada inicio de curso escolar.
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Promover que las diferentes Administraciones educativas cooperen con los centros educativos para que lleven a cabo igualmente todo lo anterior en el ámbito de sus respectivas competencias.
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