MANIFIESTO 22 OCTUBRE. SEGUIMOS EN PIE POR LA EDUCACIÓN
PÚBLICA
El desguace de la Educación pública en
Aragón es continuo y generalizado en todos sus ámbitos, desde la inversión
hasta las becas, pasando por las plantillas de personal. Entidades en defensa
de la escuela pública han convocado para este miércoles una concentración ante
la sede del Gobierno aragonés para denunciar tanto atropello, que resumen en varios
aspectos. Estos son algunos de ellos:
Un recorte de 111 millones de euros en el presupuesto en inversión en Educación no universitaria. De ellos, 108 millones corresponden a la pública y 3 millones a la concertada. El recorte en el empleo ha afectado a unos 2.000 profesores, el mayor ERE realizado en Aragón.
Para muchas familias el uso del comedor o la compra del material escolar es imposible. La educación obligatoria hoy no es gratuita. El sistema de becas impuesto contempla unos requisitos tan injustos y antisociales que deja fuera a muchas familias que las necesitan.
El derecho de las familias a elegir centro no debe ser nunca la excusa para cerrar aulas o para no llevar a cabo la creación de centros públicos en el marco de una planificación educativa coherente.
En los centros públicos se ha incrementado el número de alumnos por aula, se han suprimidos apoyos, desdobles, programas de compensación educativa, etc. que han afectado al conjunto del alumnado, pero especialmente a los más necesitados de apoyo educativo.
Han precarizado el empleo y las condiciones laborales del profesorado, con una interinidad insoportable para los trabajadores y para los centros educativos. Más del 30% de los docentes de Aragón son interinos, y muchos de ellos con jornadas laborales inferiores a 8 horas semanales.
Han cerrado 220 aulas de 3 años en centros públicos de infantil y primaria, y solo dos en centros concertados. Han implantado un modelo de bilingüismo propagandístico que sólo es fachada, sin recursos y sin apoyo a los centros.
Han dejado a la Escuela Rural a su suerte, y diez pueblos han cerrados sus escuelas, además de suprimir rutas escolares.
Más de 1.200 alumnos han abandonado la Universidad por no poder pagar las tasas académicas y tras el endurecimiento de los requisitos académicos y económicos para obtener beca.
Entre los puntos que exigen las entidades convocantes de la protesta están:
Derogar la LOMCE y potenciar una política educativa social, laica, inclusiva, que restablezca la equidad. Abandonar la política elitista y excluyente en educación. No puede haber conciertos si no son necesarios y no van acompañados de un compromiso social.
Diseñar un plan de intervención urgente para aquellos centros públicos 'en desventaja', que están perdiendo o han perdido el atractivo social necesario en las zonas donde están implantados.
Las entidades exigen finalmente la dimisión de la consejera de Educación, Dolores Serrat, y de todo su equipo.
Un recorte de 111 millones de euros en el presupuesto en inversión en Educación no universitaria. De ellos, 108 millones corresponden a la pública y 3 millones a la concertada. El recorte en el empleo ha afectado a unos 2.000 profesores, el mayor ERE realizado en Aragón.
Para muchas familias el uso del comedor o la compra del material escolar es imposible. La educación obligatoria hoy no es gratuita. El sistema de becas impuesto contempla unos requisitos tan injustos y antisociales que deja fuera a muchas familias que las necesitan.
El derecho de las familias a elegir centro no debe ser nunca la excusa para cerrar aulas o para no llevar a cabo la creación de centros públicos en el marco de una planificación educativa coherente.
En los centros públicos se ha incrementado el número de alumnos por aula, se han suprimidos apoyos, desdobles, programas de compensación educativa, etc. que han afectado al conjunto del alumnado, pero especialmente a los más necesitados de apoyo educativo.
Han precarizado el empleo y las condiciones laborales del profesorado, con una interinidad insoportable para los trabajadores y para los centros educativos. Más del 30% de los docentes de Aragón son interinos, y muchos de ellos con jornadas laborales inferiores a 8 horas semanales.
Han cerrado 220 aulas de 3 años en centros públicos de infantil y primaria, y solo dos en centros concertados. Han implantado un modelo de bilingüismo propagandístico que sólo es fachada, sin recursos y sin apoyo a los centros.
Han dejado a la Escuela Rural a su suerte, y diez pueblos han cerrados sus escuelas, además de suprimir rutas escolares.
Más de 1.200 alumnos han abandonado la Universidad por no poder pagar las tasas académicas y tras el endurecimiento de los requisitos académicos y económicos para obtener beca.
Entre los puntos que exigen las entidades convocantes de la protesta están:
Derogar la LOMCE y potenciar una política educativa social, laica, inclusiva, que restablezca la equidad. Abandonar la política elitista y excluyente en educación. No puede haber conciertos si no son necesarios y no van acompañados de un compromiso social.
Diseñar un plan de intervención urgente para aquellos centros públicos 'en desventaja', que están perdiendo o han perdido el atractivo social necesario en las zonas donde están implantados.
Las entidades exigen finalmente la dimisión de la consejera de Educación, Dolores Serrat, y de todo su equipo.
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