EL
PERIÓDICO DE ARAGÓN
CONFERENCIA
SECTORIAL EN MADRID
Aragón
asumirá la reválida diseñada por el ministro Wert en 3° de Primaria
La evaluación, de la
que el pasado año ya se hizo una prueba, tendrá lugar antes de finalizar este
curso. Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias y Navarra piden que la LOMCE en
Secundaria se aplace un año
La
aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE)
ya lleva unos meses dando sus primeros pasos en España. Y Aragón confirmó ayer,
en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid y a la que asistió
la consejera Dolores Serrat, su firme decisión de asumir todas las nuevas líneas
educativas de la norma del ministro Wert, entre las que se encuentra la
reválida a los escolares de 3° de Primaria al final del presente curso.
El
Ejecutivo aragonés ya realizó el curso pasado este tipo de examen a modo de
prueba entre los estudiantes, una iniciativa que se encontró con la oposición
de padres y varios colectivos.
Fiel a
su estilo, Wert hizo ayer oídos sordos a la petición de aplazar un año la
implantación en las aulas de Secundaria de su polémica ley orgánica. La
respuesta ministerial no habría supuesto ninguna sorpresa, si no fuera porque
también Navarra, con un gobierno autonómico bajo UPD --afín al PP--, se sumó a
la reclamación de las denominadas comunidades díscolas con la reforma
(Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias). El País Vasco, que está aplicando
un plan educativo propio, da por sentado que la LOMCE no se aplicará en su
territorio, según indicó su consejera de Educación, Cristina Uriarte.
El
ministro y la secretaria de Estado Montserrat Gomendio, que hacía seis meses
que no se veían las caras con los consejeros autonómicos en una Conferencia
Sectorial de Educación, fueron directos al grano. Pese a que algunos de los
participantes expresaron sus temores por la inminencia de elecciones en sus
respectivas autonomías (previstas para el próximo 24 de mayo, junto con las
municipales), Wert les recordó que no se trata de variar el modelo educativo
cada vez que cambia el Gobierno.
Algo
que, por cierto, no hizo el PP cuando llegó al Ejecutivo central. "Unas
elecciones no deben condicionar la educación", sentenció la valenciana
María José Catalá, una de las consejeras que dijo tener ya listos los temarios
de ESO y Bachillerato para su aplicación en septiembre.
Visiblemente
enojado, el andaluz Luciano Alonso (PSOE), insistió en que los siete meses que
quedan para tener lista la programación del próximo curso son "claramente
insuficientes". "Nunca en la historia había habido una ley que se
pusiera en marcha con menos participación, tanto de los partidos políticos
parlamentarios como territorial. Es una vergüenza que el ministerio haya
tardado tanto en aprobar el decreto. Así, las comunidades no tienen tiempo
suficiente para estudiar la normativa, planificar el currículo autonómico y
adaptarlo a los centros educativos", denunció Alonso, que adelantó que
Andalucía prepara "medidas paliativas para que la LOMCE haga el menor daño
posible".
Para
Montserrat Gomendio, en cambio, esta crítica es totalmente infundada. "Las
autonomías recibieron el 30 de junio el borrador del decreto de currículos de
ESO y bachillerato y, en octubre, se les pasó un documento prácticamente
definitivo. No entiendo la falta de plazo que algunas autonomías han
argumentado para solicitar un retraso en la aplicación de la ley", alegó
la número dos del ministerio de Educación.
La
Generalitat de Cataluña, mientras tanto, ha enviado a sus servicios jurídicos
el decreto, para que estudie si se ajusta al marco constitucional o no, según
explicó la secretaria general de Educación, María Jesús Mier. "Al más
mínimo resquicio de inconstitucionalidad que detectemos, el decreto será
recurrido", avanzó Mier.
También
Canarias se "reserva" recurrir judicialmente el real decreto que
regula el currículo básico de ESO y Bachillerato. La viceconsejera de Educación
de Canarias, Manuela Armas, reprochó al ministerio una "falta de respeto
institucional" al aprobar el Consejo de Ministros el 26 de diciembre ese
decreto "sin informar" a las comunidades, pues "solo" se
les había presentado un borrador en junio.
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