PRENSA ON LINE 18
FEBRERO 2015
ARAINFO
El modelo de
‘educación concertada’ de la DGA recurrido
El ‘Grupo Contra los
Conciertos Educativos en Aragón’, en el que se coordinan las organizaciones
políticas y sindicales, CGT, CHA, IU, MHUEL y STEA-i, presentó el pasado 4 de
Febrero, dos recursos contra sendos actos de la administración, y
también ha presentado dos solicitudes o propuestas de acción ante el Gobierno
de Aragón del PP-PAR.
Según han explicado esta mañana en rueda de prensa las
portavoces de esta ‘coordinadora’, el Departamento de Educación de la DGA “se
ha posicionado ideológicamente a favor de la enseñanza concertada y eso hace
que todas sus decisiones tengan siempre el mismo sesgo: cuando se trata de
atender las necesidades educativas de un barrio, se retrasa la construcción de
los centros públicos para crear espacio de negocio y concertar con los
privados”.
Asimismo, han insistido en que “cuando se aborda el
proceso de admisión, se reduce la oferta educativa en los centros públicos a la
vez que se mantienen conciertos, cuando se aborda la adscripción se crea un
caos en la enseñanza pública que contrasta con la continuidad en los centros
que se ofrece a las familias desde la privada concertada”, y añadían que “todo
ello sin nombrar la reducción de profesores y de fondos que afectan
especialmente a la escuela pública. Incluso, en la formación permanente de
profesorado aparece un trato de favor”.
Por todo ello, las organizaciones representadas en el
‘Grupo Contra los Conciertos Educativos’ afirman compartir criterios opuestos a
los de la Consejera de Educación, Dolores Serrat, y han desglosado durante la
rueda de prensa sus iniciativas.
Recurso de reposición contra la
‘Orden de Conciertos Educativos’ de la DGA
Tal y como han explicado las portavoces, son diez las
razones técnicas y legales que aducen, de entre las que han destacado “la
vulneración del principio de discriminación (articulo 84.3 de ley orgánica de
educación 2006)”, explicando que “la gestión que la casi totalidad de empresas
religiosas, al abrigo de una ley que se lo permite, están haciendo en los
procesos de selección de alumnado, está llevando a la escuela pública a asumir
en solitario el compromiso social de la educación, porque casi el 90 % del
alumnado social o académicamente desfavorecido lo asume la escuela pública”.
“La red concertada no complementa la red pública, va
contra la red pública en casi todos los casos. Por ello lucharemos en todos los
frentes posibles contra este modelo antisocial”, han enfatizado, indicando que
Aragón, y el también el Estado español “van a la cabeza de Europa”, en este
aspecto.
“Creemos firmemente que la Escuela Pública es la única
red capaz de garantizar una enseñanza de calidad a toda la ciudadanía con
independencia de su origen, creencias o estrato social. Se rige exclusivamente
por criterios de equidad para garantizar la igualdad de oportunidades de todos
los niños y niñas. Es la base para impulsar un modelo de ciudadanía participativa
y responsable en una sociedad cada vez más compleja”, han señalado, añadiendo
que por eso en todos los estados europeos, salvo en Bélgica y en el Estado
español, “apuestan por lo público como único referente. Pero en Aragón los
presupuestos recortan año tras año los recursos de la educación pública,
obligando así a cerrar aulas y centros, y precarizando el sistema en general,
mientras se aumenta la dotación destinada a la concertada, lo que permite un
incremento del número de aulas y centros concertados”.
Trato de favor de la DGA con la
Federación Española de Religiosos de la Educación de Aragón
El segundo recurso presentado por el Grupo Contra los
Conciertos Educativos en Aragón denuncia “el trato diferenciado, discrecional y
discriminatorio con el que desde el Departamento de Educación se trata a la
Federación Española de Religiosos de la Educación de Aragón (FERE)”.
“La cuestión se sustancia en dos hechos: En primer lugar,
mientras todos los agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro e instituciones
públicas son convocadas a la presentación de solicitudes de reconocimiento de
actividades de formación permanente del profesorado no universitario mediante
una resolución pública, la citada entidad soslaya dicha convocatoria pública
por medio de un convenio de colaboración suscrito previamente con el
Departamento de Educación”, han denunciado las portavoces.
También ha explicado que “dado que el Departamento
proporciona un marco de competencias docentes y líneas prioritarias a las que
deben ajustarse las acciones propuestas, se supone que este marco ha de
aplicarse a todas y por igual. Ni es a todas ni por igual, sino desigual y
discriminatoria”, indicaban, señalando a modo de ejemplo que “no se reconoce
como actividad de formación del profesorado la ‘Gestión de conflictos a través
de la no violencia’, organizada por la Fundación Seminario Investigación para
la Paz, alegando que no se ajusta a líneas prioritarias y su aplicabilidad en
el aula, cuando una de las líneas prioritarias del Departamento, establecida en
la Resolución de 4 de Septiembre es: ‘Competencia en gestión de la convivencia:
Promoción de la convivencia, mediación y resolución de conflictos, control de
la convivencia’. Pero, en contraste con lo anterior, se reconoce oficialmente
efectos de méritos de formación para los participantes en una ‘Jornada
Pastoral’ y en un curso ‘Superior de Dirección en Centros Educativos Privados’,
que no encajan en absoluto en ninguna de las competencias y líneas
establecidas”.
Solicitudes a la consejera de Educación,
Dolores Serrat, y a la directora del Servicio de Educación en Zaragoza
Desde el ‘Grupo Contra los Conciertos Educativos en
Aragón’ han planteado también dos solicitudes a la consejera de Educación del
Gobierno de Aragón. La primera solicitud pretende que “ante la inminente
publicación de la orden de admisión de alumnos en los centros de infantil y
primaria, se detenga la tendencia a reducir el número de aulas casi
exclusivamente en centros públicos salvando del descenso de alumnado el número
de aulas concertadas”.
Añaden que deben ser
revisadas “las ratios de los centros privados concertados, y se supriman los
conciertos de aquellas unidades que no cumplen las ratios establecidas, tal
como ya denunciamos el curso pasado con centros de
Zuera que finalmente la administración tuvo que reconocer”.
Añadían las portavoces la necesidad “de tener en cuenta
las sugerencias del Justicia de Aragón, del Consejo Escolar de Aragón y
finalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la que
todos coinciden en la gravedad que está teniendo el elevado número de alumnado
social o académicamente desfavorecido en numerosos centros públicos”, aunque
finalmente el Departamento de Educación “en vez de afrontar la gravedad del
problema denunciado, ha optado por recurrir la sentencia del TSJA”.
Una segunda solicitud de esta ‘coordinadora’ va dirigida
a la directora del Servicio de Educación de Zaragoza en relación “con la
información que el 9 de enero la administración educativa mostró a la Comisión
de Garantías de Secundaria exponiendo los planes de nuevas reglas de
adscripción de los alumnos de centros de primaria a los centros de Secundaria
(Institutos)”.
“En este nuevo
planteamiento no se ha tenido en cuenta las opiniones de la comunidad
educativa, hay desajustes por nuevas adscripciones a institutos ya saturados,
hay desajustes en las líneas de bilingüismo y con frecuencia se intenta eludir
las necesidad de construcción de algunos nuevos institutos, como ya se ha puesto de manifiesto con
movilizaciones recientes en el barrio de La Jota”, han señalado.
Según han explicado estas
organizaciones, “en la práctica, se está ralentizando la construcción de nuevos
centros educativos a la vez que se favorece la construcción de privados
concertados, como en Cuarte o en Zaragoza-Sur. O se construyen centros pequeños
en relación con las necesidades del entorno como el caso de Valdespartera 2,
obligando a muchas familias a salir de su entorno y a aumentar el número de
vías generando problemas de infraestructuras y, a futuro, con la admisión de
hermanos. Es necesario acelerar la construcción de estos centros públicos”.
“Pedimos a la Consejería
que modifique el proceso de admisión. Que haga caso a las recomendaciones que
le hizo el Justicia de Aragón en respuesta a nuestras reclamaciones. Que atienda
y cumpla las sentencias de los
jueces a demandas del Colegio Pío XII de Uesca. Que atienda la
llamada de auxilio que le han hecho desde el colegio Fernando el Católico de
Zaragoza, y las necesidades de tantos otros centros en desventaja”, han
enfatizado, para añadir que “pedimos a la Consejería que no se obligue a
familias que querían un centro público a ir a uno religioso y concertado o
desplazarse a 15km para escolarizar a sus hijos, como ha ocurrido en Chaca,
a la vez que se mantienen unidades concertadas que no cumplen la ratio mínima
requerida”.
Finalmente, han concluido
afirmando que “la falta de planificación, sumada al desorden ocasionado por el
bilingüismo, ha llevado a un proceso de adscripción en el
que se impide la continuidad de los estudios en el barrio, llevando
a los niños a centros fuera de su entorno, lo que de modo indirecto favorece a
la enseñanza privada concertada, en donde tienen la seguridad de seguir desde
infantil hasta bachillerato, algo muy valorado por las familias. En resumen,
queremos que no se desatienda, que no se relegue la enseñanza pública”.
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