LA PLATAFORMA ESTATAL
POR LA ESCUELA PÚBLICA RECHAZA LAS REFORMAS IMPUESTAS POR EL GOBIERNO EN EL
SISTEMA UNIVERSITARIO Y APOYA LA HUELGA UNIVERSITARIA DEL
24 DE MARZO
24 DE MARZO
La
Plataforma Estatal por la Escuela Pública apoya la HUELGA convocada en las
universidades públicas para el próximo 24 de marzo.
El Gobierno acaba
de aprobar el RD 43/2015 modificando la ordenación de las enseñanzas
universitarias con la oposición de toda la comunidad universitaria, de la
Conferencia de Rectores (CRUE), sin debate político ni social, sin una
evaluación de la implantación de la última modificación legislativa
consecuencia de la aplicación del proceso de “Bolonia” y sin una justificación
creíble de sus propuestas.
Si finalmente se
implanta el 3+2 (grados de tres años y másteres de dos) de forma generalizada,
el sistema, lejos de homogeneizarnos con Europa, generará nuevas disfunciones
porque, como señala el Consejo de Estado en su dictamen, “Parece difícil
alcanzar tal homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse
el caso, con la redacción del Real Decreto, de que un mismo título tuviera una
duración diferente en una universidad y otra”. Además, teniendo en cuenta los elevados precios de los estudios de
posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio,
provocará la expulsión del alumnado universitario con menos recursos
económicos.
La reducción del número de créditos necesarios para
finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de estudiantes tendrán
un impacto muy negativo en la financiación de las universidades, el empleo y
las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y
servicios, dando lugar a una reconversión del sector. Según el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, las universidades ingresarán 150 millones de
euros menos en concepto de matrículas, a los que se sumará el ahorro de las
comunidades autónomas, que algunos cifran en 850 millones. Por tanto, se
producirá un recorte de 1.000 millones, que se añadirá a los 1.500 que han
perdido las universidades entre 2010 y 2014.
Asimismo, en los
últimos meses de su mandato, el Gobierno se plantea aprobar dos reales decretos
que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el
sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental
para el acceso a la profesión docente e investigadora.
En el borrador de RD de creación de centros y
universidades que conocemos, se elimina
la referencia a la programación general de la enseñanza que debería permitir la
planificación de la oferta, se eliminan muchos requisitos mínimos y se rebaja
la exigencia de los que quedan. El número de títulos que deben ofertar sigue
siendo ocho, pero ya no se exige que al menos uno sea de ciencias
experimentales.
Se flexibiliza y desregula para facilitar el negocio
de acuerdo con la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, con el fin
de “crear un entorno mucho más favorable
a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos
puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de
productividad y costes”.
En la práctica, esto supone flexibilizar las
condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado
desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de que el
Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un
número excesivo de titulaciones y centros.
Por último, la propuesta ministerial de
Real Decreto por el que se modifica la acreditación del personal docente e
investigador (PDI) funcionario establece
un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y continúa
minusvalorando la actividad docente frente a la investigación.
Con la aplicación
de estas reformas se diseña una universidad menos pública, menos democrática y
de menor calidad. Los grados de 3 años quedarán devaluados respecto a los
actuales y sólo podrán garantizar una formación muy generalista, que exigirá ser
completada con másteres mucho más caros, lo que incrementará mucho el gasto de
las familias. En un contexto de reducción de las becas y de endurecimiento de
los requisitos para acceder a las mismas, se dibuja un modelo universitario con
un creciente sesgo clasista.
Las organizaciones firmantes de este comunicado
rechazan estas iniciativas que pretenden convertir las universidades en
empresas de servicios educativos y piden a la comunidad universitaria que se
sume al rechazo y participe en la huelga del próximo 24 de marzo.
NO MÁS
REFORMAS SIN CONSENSO CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
NO AL 3+2
QUE ENCARECE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EXPULSARÁ AL ALUMNADO CON MENOS
PODER ADQUISITIVO
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