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martes, 17 de marzo de 2015

Mesa técnica 16/3/2015 sobre oferta de empleo público 2015.

Un ERE encubierto

Mesa técnica 16/3/2015 sobre oferta de empleo público 2015.
   
En la mesa técnica de ayer, el Departamento de Dirección General de Personal ha comunicado a las organizaciones sindicales su propuesta de oferta de empleo público de 2015, para la que aplica la tasa de reposición del 50% de las bajas producidas en 2014.
La Administración dice que ha habido 327 bajas (307 de jubilaciones, el resto fallecimientos o excedencias) y aplicando el 50%, ofertan 163 (redondeando a la baja). Estas 163 vacantes se unirían a las 36 de la oferta pública del 2014, resultantes de aplicar la tasa de reposición del 10%, es decir 199 plazas para maestros a ejecutarse en 2016. Queda pendiente la oferta pública del 2016 por tanto, que también podrían añadirse a estas plazas.
No se ha especificado las especialidades que se convocarán, ni evidentemente el reparto de plazas.
Todos los sindicatos hemos manifestado nuestra oposición a que el número de plazas a ofertar venga determinado por una tasa de reposición.
CGT considera que esta oferta viene a consolidar y aumentar la precarización de la función docente en Aragón, ya que va a continuar generando plazas cubiertas por profesorado interino. Hay que recordar, que esta tasa de eliminación de empleo (llamarla de reposición es una perversión del lenguaje) supone que llevamos 4 años suprimiendo el 90% de las vacantes que se quedan libres, y que en este 2015 “solo” se eliminarán el 50%. Es decir, que el porcentaje aberrante, y posiblemente ilegal, de profesorado interino en Aragón, alrededor del 30%, va a seguir incrementándose. Ello se une a la creciente precarización de las condiciones laborales de este sector del profesorado (despedido cada verano, contratado dos días antes del comienzo de las clases…).
Por otra parte esta convocatoria tiene únicamente en cuenta como fundamento jurídico la ley de Presupuestos Generales del Estado, que efectivamente impone una tasa de reposición de cómo máximo un 50%, pero ignora las sentencias del TSJA de 2012 sobre otras ofertas públicas anteriores y sus fundamentos jurídicos, que resuelven que deben ofertarse la totalidad de las plazas vacantes a 31 de diciembre del año anterior.
Por todo ello no podemos dar nuestra conformidad a una oferta de empleo público, de dudosa seguridad jurídica y que aumenta la precariedad y temporalidad del profesorado aragonés.

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