EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
Pero derecho... ¿a qué
educación?
José Luis Trasobares
El caso del Ánfora ha puesto sobre la mesa el debate
sobre el funcionamiento y desarrollo de la enseñanza pública, la cuestión de
los conciertos y, en suma, el ejercicio en España del derecho a la educación.
Los padres de los niños matriculados en ese centro (apoyados directamente desde
todos los ámbitos conservadores) se aferran a tal derecho fundamental,
entendido como la posibilidad de elegir para sus hijos el colegio más adecuado
a su ¿visión de la vida?, ¿fe religiosa?, ¿criterios cívicos?, ¿confianza en
éste o aquél método pedagógico?... ¿O a qué? Porque realmente, al margen de las
consideraciones sobre la trama Púnica,
el posible tráfico de influencias, los criterios e intereses de la exconsejera Dolores Serrat y otros aspectos de esta truculenta
historia, es inevitable acabar en el enfoque más básico y también más
sugerente: ¿qué sentido tiene el Ánfora como opción educativa (y derecho)?
¿Cuál es la razón de peso
de quienes consideran hoy ese colegio una alternativa irrenunciable? Tal vez
busquen una educación cien por cien católica. O una formación bilingüe de
calidad en un proyecto de estilo francés o alemán. O unos criterios pedagógicos
como los derivados de la Institución Libre de Enseñanza o el método Montessori (a cuyos seguidores, sin embargo, se
les negó recientemente un concierto). O cualquier otra cosa definible... ¡Ah!
Pero el Ánfora carece de definición concreta. Su
claustro se ha formado captando profesores con el único requisito de que
pusieran 48.000 euros y avalaran un crédito. ¿En qué medida una circunstancia
tan pedestre habría de suponer algún tipo de excelencia educativa? Seamos
serios, por favor.
O quizás hay algo más.
Realmente, ese centro ofrece... estatus. Vende a las familias una ubicación en la
clase media-media que quiere ser media-alta. Da continuidad al adosado, al
coche y otros signos. Es el puro y simple producto de una constructora bien
relacionada políticamente. Es el negocio inmobiliario que se traslada de la
vivienda a los centros educativos, las residencias y los hospitales.
Concertados, claro. Pasta gansa en nombre de los derechos constitucionales.
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