El decreto 3+2 o cómo echar de la Universidad a los hijos de trabajadores

SINDICATO de ESTUDIANTES

El decreto 3+2 o cómo echar de la Universidad 
a los hijos de trabajadores

El Gobierno del PP y su lamentable Ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, quieren acabar con una de las conquistas más importantes para los jóvenes y los trabajadores: el acceso a la formación superior para la inmensa mayoría de las familias. Quieren volver al modelo en el que solamente quien tenía dinero podía estudiar y el motivo para ello es muy claro: quieren que sólo una minoría de privilegiados pueda acceder a la formación superior porque son los únicos que tienen garantizados los buenos puestos de trabajo. Para los demás, la inmensa mayoría, preparan un futuro de paro y precariedad y así, al quitarnos la posibilidad de acceder a estudios superiores y de tener una buena cualificación, nos arrojan a un futuro en el que tengamos que aceptar cualquier trabajo en cualquier condición si no pasar directamente a las listas del paro.

Con esta línea maestra han elaborado todos sus planes y reformas educativas. En la Universidad hace varios años que sufrimos los efectos del aumento de hasta el 66% de las tasas, al mismo tiempo que se ha venido produciendo una considerable reducción de la cuantía de las becas y el endurecimiento de los requisitos para lograrlas. Estas medidas ya han provocado la expulsión de 45.000 estudiantes de la Universidad por no tener dinero, pero su carrera por destruir la Universidad Pública continúa a toda prisa para poder llegar lo más lejos posible en sus planes elitizadores antes de que les echemos de la Moncloa.

Cómo afectará el decreto 3+2 a los estudiantes

El decreto 3+2 pretende cambiar la estructura de las enseñanzas universitarias por completo. Tiene en realidad las implicaciones de una nueva ley, pero para hacer el menor ruido posible y aprobarla a escondidas y con la mayor celeridad, el PP plantea imponerla por decreto, aprobándola en el Consejo de Ministros de la próxima semana para que se aplique a partir del mes de Septiembre de 2015, es decir, desde el comienzo del curso que viene.

Devaluación de los grados: pasarán de cuatro a tres años y se convertirán en papel mojado en el mercado laboral

El cambio fundamental radica en que los actuales grados, que constan de cuatro años pasarán a tres. Según explica el borrador del decreto estos tendrán un carácter “básico” y “generalista”, es decir que no serán suficientes para adquirir la cualificación necesaria para desempeñar una profesión de alta cualificación en el terreno laboral como abogado, periodista, ingeniero, enfermero... Para obtener esa cualificación “especializada” – según el texto del decreto - será necesario cursar un máster que pasará de la duración actual de un año a dos años, con el correspondiente desembolso económico.

Para obtener un título válido en el mercado laboral habrá que pagar dos años de máster a precios inasumibles para la mayoría.

Para hacernos una idea de lo que supone esto, podemos tomar como ejemplo los precios actuales de los masters que se ofertan en universidades públicas. El coste, por ejemplo, de los masters de un año en la Universidad Complutense de Madrid, la primera en número de alumnos, oscila entre 4.000 y 7.000 euros anuales. A partir de la entrada en vigor del nuevo decreto tendremos que afrontar el pago de dos años de máster que pueden oscilar entre 8000 y 14000 euros para poder obtener un título universitario que sea reconocido en el mercado laboral. Así está claro que será tan sólo una minoría privilegiada quien pueda costearse los estudios universitarios que podrán ascender tranquilamente a más de 20.000 euros.

Se suprimirán grados y se despedirá a miles de profesores.

El paso de los grados actuales a los nuevos grados de tres años de carácter básico y general, supondrá que muchos de los grados actuales se fusionen con otros de la misma rama, con lo cual se suprimirán muchos de los que existen actualmente.

Por otro lado, esta reforma tendrá también efectos devastadores entre el profesorado. Si actualmente ya existe una clara barrera económica entre los estudiantes de grado y máster por los precios que supone (del 1,4 millones del total de estudiantes universitarios, sólo son en torno a 100.000 son los que actualmente pueden estudiar un máster), es fácil hacerse una idea que cuántos profesores sobrarán cuando se suprima un curso entero en los grados. ¿Qué pasará con los profesores que imparten actualmente su materia a unos 325.000 estudiantes? En unos años se procederá a despedir a miles de profesores de la Universidad.

¿A qué estudiantes afectará el decreto 3+2?

Aunque la entrada en vigor del decreto será en Septiembre de este año, los afectados no serán sólo los que comiencen la Universidad a partir del próximo curso, sino también los que ya están estudiando actualmente. Tal y como especifica el borrador que Wert pretende aprobar, este decreto se aplicará a los estudiantes que anteriormente hubiesen comenzado grados que vayan a cambiar de 4 a 3 años. Es decir, que si estás en segundo curso pero tu grado pasa a ser de 3 años, se te aplicará el nuevo decreto.

Por si esto no fuera suficiente, el efecto de devaluación del título de grado afectará también al conjunto de los ya graduados y licenciados, ya que la consideración del título de grado o licenciatura tendrá menos validez en el mercado laboral y se nos exijirá un máster de “especialización” que la mayoría no tenemos.

¡No lo podemos permitir! ¡No a la elitizacíón de la Universidad Pública!

El decreto 3+2 es un ataque gravísimo, una auténtica bomba contra la Universidad pública. Si éste se llega a aplicar, supondrá el cierre definitivo de las puertas de la Universidad para los que somos hijos de trabajadores, es decir, para la inmensa mayoría. Se volverá a la Universidad de hace décadas, cuando sólo los sectores más adinerados, tenían acceso a la misma. A los que provenimos de familias obreras, de barrios humildes, a los que tenemos a nuestros padres o hermanos en paro se nos negará el derecho a poder estudiar en la Universidad.

Desde el Sindicato de Estudiantes pensamos que sólo esta medida, merece una respuesta de la mayor contundencia por parte de toda la comunidad educativa. Pero lo cierto es que este decreto se une a los recortes de 7.000 millones de euros que ya se han llevado a cabo en la escuela pública en los últimos años, al despido de 32.000 profesores, a la aprobación de la contrarreforma franquista de la educación - LOMCE-

Es el momento de responder con toda la fuerza. Por eso es necesario que tanto los estudiantes como los sindicatos del profesorado – CCOO, UGT, STES y las organizaciones de padres – CEAPA – volvamos a llenar las calles en una nueva huelga general de 72 horas de toda la comunidad educativa.

¡No a la privatización de la Universidad!
¡No al decreto 3+2!
¡La lucha es el único camino!

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