NOTA PRENSA ADiARAGÓN

La Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de Aragón 
(ADiAragón) y la equivalente de la provincia de Zaragoza 
(ADiZar) denuncian que la DGA no está ingresando a los IES los gastos corrientes del curso 2014-15. 

La DGA solamente ha ingresado hasta la fecha un tercio de los fondos presupuestados 
para los gastos corrientes del curso 2014-15, y en este momento se nos comunica que el segundo tercio lo ingresarán como pronto en septiembre, mientras del último tercio nada 
se sabe. 
Los institutos están agotando su saldo haciendo frente a los pagos a proveedores, y 
pronto se encontrarán en números rojos. La dotación correspondiente para cada centro 
fue aprobada en el mes de octubre de 2014, y en muchos casos supuso una reducción considerable del presupuesto con respecto a cursos anteriores. 
Esta dotación es recibida habitualmente por los centros en tres pagos, aproximadamente uno por trimestre. Este curso, se realizó con retraso (en el mes de febrero) el primer libramiento, correspondiente al primer trimestre del curso (octubre-diciembre de 2014). 

En marzo, los IES recibieron la comunicación de Tesorería del ingreso del segundo pago. Pero dos meses después, no sólo no se ha realizado este segundo pago, sino que se anuncia a los directores de los centros que no se va a realizar por lo menos hasta septiembre de 2015. Del tercer ingreso (último del curso) ni siquiera hay comunicación. 
La situación en la contabilidad de los institutos es desesperada. Algunos ni siquiera recibieron el primer libramiento, y la mayoría de los centros está agotando actualmente 
las últimas reservas que quedaban para pagar a proveedores. Los presupuestos de los centros para todo el curso, que fueron aprobados en el mes de octubre, se hicieron 
contando con los ingresos totales anunciados, y ahora la situación es que solamente se cuenta con la tercera parte de la dotación anunciada. Con el saldo disponible en la actualidad, posiblemente no se podrá hacer frente a las próximas facturas de agua o electricidad. En las sucesivas llamadas a la DGA reclamando los ingresos, se ha indicado a los centros que “ante necesidades perentorias, se envíe al Servicio de centros docentes un informe detallado del saldo y de las necesidades inmediatas”. Es decir, que aquellos centros que agoten sus reservas deben hacer una solicitud extraordinaria justificando sus necesidades. Es preciso dejar claro que tanto los saldos de las cuentas de los institutos públicos como sus presupuestos y memorias económicas son absolutamente transparentes, y que todos los datos de los mismos están a disposición de los organismos correspondientes de la DGA. Por ello, no es aceptable que se exija ahora a los centros un informe de saldo 
y justificación de necesidades perentorias: todos los gastos presupuestados lo son, eran conocidos de antemano, y se ajustaron a la dotación concedida por la DGA para los gastos corrientes de todo el curso. Otra de las soluciones aportadas por la DGA es que los pagos a proveedores se concierten “a 90 días”, como hacen, según dicen, otros servicios del gobierno autonómico. Esto, además de un perjuicio para los proveedores, supondría un encarecimiento de los precios de los servicios contratados por los institutos. Por otra parte, un centro escolar no puede asegurar el cumplimiento a ningún plazo mientras no haya recibido en su cuenta el ingreso procedente de la DGA. La explicación que se da desde Tesorería en relación con estas anomalías es que la DGA tiene que pedir préstamos para poder pagar a los centros, y que no tiene sentido pedirlos para ingresar el dinero en una cuenta que no esté en números rojos. Según nos indican, se están empleando fondos del 2015 para hacer ingresos correspondientes al 2014. Mientras tanto, el Departamento de Educación realiza gastos extraordinarios en relación con la implantación de la LOMCE: se ha pagado una retribución extraordinaria a profesorado de secundaria para realizar el desarrollo del currículo autonómico (aún sin publicar), y se va a pagar a maestros externos por corregir las pruebas realizadas recientemente en los colegios al alumnado de 3º de Primaria (las controvertidas “evaluaciones individualizadas”). 

ADiZar considera inaceptable el tratamiento que la Consejería de Educación del gobierno de Aragón está dando a los institutos públicos de Educación Secundaria, a los que está dejando sin recursos para afrontar el final del curso escolar, y sin posibilidad de cerrar la gestión económica del curso adecuadamente. 
El impago de las dotaciones para gastos corrientes es un paso muy grave que acaba con las posibilidades de gestión de los institutos públicos, los cuales han sufrido en los últimos años importantes reducciones, tanto en cuanto a dotación económica como en relación a profesorado y programas educativos.