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miércoles, 18 de febrero de 2015

El modelo de ‘educación concertada’ de la DGA recurrido

 

PRENSA ON LINE 18 FEBRERO 2015

 

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El modelo de ‘educación concertada’ de la DGA recurrido

Enviado por ARAINFO | REDACCIÓN el 17 febrero, 2015

El ‘Grupo Contra los Conciertos Educativos en Aragón’, en el que se coordinan las organizaciones políticas y sindicales, CGT, CHA, IU, MHUEL y STEA-i, presentó el pasado 4 de Febrero, dos recursos contra sendos actos de la administración, y también ha presentado dos solicitudes o propuestas de acción ante el Gobierno de Aragón del PP-PAR.
Según han explicado esta mañana en rueda de prensa las portavoces de esta ‘coordinadora’, el Departamento de Educación de la DGA “se ha posicionado ideológicamente a favor de la enseñanza concertada y eso hace que todas sus decisiones tengan siempre el mismo sesgo: cuando se trata de atender las necesidades educativas de un barrio, se retrasa la construcción de los centros públicos para crear espacio de negocio y concertar con los privados”.
Asimismo, han insistido en que “cuando se aborda el proceso de admisión, se reduce la oferta educativa en los centros públicos a la vez que se mantienen conciertos, cuando se aborda la adscripción se crea un caos en la enseñanza pública que contrasta con la continuidad en los centros que se ofrece a las familias desde la privada concertada”, y añadían que “todo ello sin nombrar la reducción de profesores y de fondos que afectan especialmente a la escuela pública. Incluso, en la formación permanente de profesorado aparece un trato de favor”.
Por todo ello, las organizaciones representadas en el ‘Grupo Contra los Conciertos Educativos’ afirman compartir criterios opuestos a los de la Consejera de Educación, Dolores Serrat, y han desglosado durante la rueda de prensa sus iniciativas.
Recurso de reposición contra la ‘Orden de Conciertos Educativos’ de la DGA
Tal y como han explicado las portavoces, son diez las razones técnicas y legales que aducen, de entre las que han destacado “la vulneración del principio de discriminación (articulo 84.3 de ley orgánica de educación 2006)”, explicando que “la gestión que la casi totalidad de empresas religiosas, al abrigo de una ley que se lo permite, están haciendo en los procesos de selección de alumnado, está llevando a la escuela pública a asumir en solitario el compromiso social de la educación, porque casi el 90 % del alumnado social o académicamente desfavorecido lo asume la escuela pública”.
“La red concertada no complementa la red pública, va contra la red pública en casi todos los casos. Por ello lucharemos en todos los frentes posibles contra este modelo antisocial”, han enfatizado, indicando que Aragón, y el también el Estado español “van a la cabeza de Europa”, en este aspecto.
“Creemos firmemente que la Escuela Pública es la única red capaz de garantizar una enseñanza de calidad a toda la ciudadanía con independencia de su origen, creencias o estrato social. Se rige exclusivamente por criterios de equidad para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas. Es la base para impulsar un modelo de ciudadanía participativa y responsable en una sociedad cada vez más compleja”, han señalado, añadiendo que por eso en todos los estados europeos, salvo en Bélgica y en el Estado español, “apuestan por lo público como único referente. Pero en Aragón los presupuestos recortan año tras año los recursos de la educación pública, obligando así a cerrar aulas y centros, y precarizando el sistema en general, mientras se aumenta la dotación destinada a la concertada, lo que permite un incremento del número de aulas y centros concertados”.
Trato de favor de la DGA con la Federación Española de Religiosos de la Educación de Aragón
El segundo recurso presentado por el Grupo Contra los Conciertos Educativos en Aragón denuncia “el trato diferenciado, discrecional y discriminatorio con el que desde el Departamento de Educación se trata a la Federación Española de Religiosos de la Educación de Aragón (FERE)”.
“La cuestión se sustancia en dos hechos: En primer lugar, mientras todos los agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro e instituciones públicas son convocadas a la presentación de solicitudes de reconocimiento de actividades de formación permanente del profesorado no universitario mediante una resolución pública, la citada entidad soslaya dicha convocatoria pública por medio de un convenio de colaboración suscrito previamente con el Departamento de Educación”, han denunciado las portavoces.
También ha explicado que “dado que el Departamento proporciona un marco de competencias docentes y líneas prioritarias a las que deben ajustarse las acciones propuestas, se supone que este marco ha de aplicarse a todas y por igual. Ni es a todas ni por igual, sino desigual y discriminatoria”, indicaban, señalando a modo de ejemplo que “no se reconoce como actividad de formación del profesorado la ‘Gestión de conflictos a través de la no violencia’, organizada por la Fundación Seminario Investigación para la Paz, alegando que no se ajusta a líneas prioritarias y su aplicabilidad en el aula, cuando una de las líneas prioritarias del Departamento, establecida en la Resolución de 4 de Septiembre es: ‘Competencia en gestión de la convivencia: Promoción de la convivencia, mediación y resolución de conflictos, control de la convivencia’. Pero, en contraste con lo anterior, se reconoce oficialmente efectos de méritos de formación para los participantes en una ‘Jornada Pastoral’ y en un curso ‘Superior de Dirección en Centros Educativos Privados’, que no encajan en absoluto en ninguna de las competencias y líneas establecidas”.

Solicitudes a la consejera de Educación, Dolores Serrat, y a la directora del Servicio de Educación en Zaragoza
Desde el ‘Grupo Contra los Conciertos Educativos en Aragón’ han planteado también dos solicitudes a la consejera de Educación del Gobierno de Aragón. La primera solicitud pretende que “ante la inminente publicación de la orden de admisión de alumnos en los centros de infantil y primaria, se detenga la tendencia a reducir el número de aulas casi exclusivamente en centros públicos salvando del descenso de alumnado el número de aulas concertadas”.
Añaden que deben ser revisadas “las ratios de los centros privados concertados, y se supriman los conciertos de aquellas unidades que no cumplen las ratios establecidas, tal como ya denunciamos el curso pasado con centros de Zuera que finalmente la administración tuvo que reconocer”.
Añadían las portavoces la necesidad “de tener en cuenta las sugerencias del Justicia de Aragón, del Consejo Escolar de Aragón y finalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la que todos coinciden en la gravedad que está teniendo el elevado número de alumnado social o académicamente desfavorecido en numerosos centros públicos”, aunque finalmente el Departamento de Educación “en vez de afrontar la gravedad del problema denunciado, ha optado por recurrir la sentencia del TSJA”.
Una segunda solicitud de esta ‘coordinadora’ va dirigida a la directora del Servicio de Educación de Zaragoza en relación “con la información que el 9 de enero la administración educativa mostró a la Comisión de Garantías de Secundaria exponiendo los planes de nuevas reglas de adscripción de los alumnos de centros de primaria a los centros de Secundaria (Institutos)”.
“En este nuevo planteamiento no se ha tenido en cuenta las opiniones de la comunidad educativa, hay desajustes por nuevas adscripciones a institutos ya saturados, hay desajustes en las líneas de bilingüismo y con frecuencia se intenta eludir las necesidad de construcción de algunos nuevos institutos, como ya se ha puesto de manifiesto con movilizaciones recientes en el barrio de La Jota”, han señalado.
Según han explicado estas organizaciones, “en la práctica, se está ralentizando la construcción de nuevos centros educativos a la vez que se favorece la construcción de privados concertados, como en Cuarte o en Zaragoza-Sur. O se construyen centros pequeños en relación con las necesidades del entorno como el caso de Valdespartera 2, obligando a muchas familias a salir de su entorno y a aumentar el número de vías generando problemas de infraestructuras y, a futuro, con la admisión de hermanos. Es necesario acelerar la construcción de estos centros públicos”.
“Pedimos a la Consejería que modifique el proceso de admisión. Que haga caso a las recomendaciones que le hizo el Justicia de Aragón en respuesta a nuestras reclamaciones. Que atienda y cumpla las sentencias de los jueces a demandas del Colegio Pío XII de Uesca. Que atienda la llamada de auxilio que le han hecho desde el colegio Fernando el Católico de Zaragoza, y las necesidades de tantos otros centros en desventaja”, han enfatizado, para añadir que “pedimos a la Consejería que no se obligue a familias que querían un centro público a ir a uno religioso y concertado o desplazarse a 15km para escolarizar a sus hijos, como ha ocurrido en Chaca, a la vez que se mantienen unidades concertadas que no cumplen la ratio mínima requerida”.

Finalmente, han concluido afirmando que “la falta de planificación, sumada al desorden ocasionado por el bilingüismo, ha llevado a un proceso de adscripción en el que se impide la continuidad de los estudios en el barrio, llevando a los niños a centros fuera de su entorno, lo que de modo indirecto favorece a la enseñanza privada concertada, en donde tienen la seguridad de seguir desde infantil hasta bachillerato, algo muy valorado por las familias. En resumen, queremos que no se desatienda, que no se relegue la enseñanza pública”.

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