EL PAÍS
Seis comunidades
autónomas piden aplazar la LOMCE en Secundaria
Educación contesta que no se plantea ninguna moratoria
Seis comunidades
autónomas han solicitado al Ministerio de Educación que aplace la implantación
de la reforma educativa en secundaria y bachillerato, unos cambios previstos
para el próximo curso. Alegan que los plazos son muy reducidos para adaptar los
currículos en sus comunidades autónomas (el real decreto ministerial se aprobó
en enero), la complejidad de incluir modificaciones de una vez en una etapa
obligatoria y otra postobligatoria y aluden también a la coincidencia con las
elecciones en la mayoría de las regiones, previstas en mayo, que les obligaría
a tenerlo listos antes o a que haya comunidades donde los cambios los hagan un
gobierno y los firme otro de otro signo político.
País Vasco
(PNV) y Navarra (UPN) se sumaron ayer a la petición de un plazo más amplio que
solicitaron ya a finales de diciembre las tres autonomías gobernadas por el
PSOE (Andalucía, Canarias y Asturias) junto con Cataluña (CiU). Todas
manifestaron en la conferencia sectorial con el ministerio que los plazos eran
insuficientes, pero Educación no aplicará ninguna moratoria.
“Entendemos
que no tendría que haber ninguna dificultad”, señaló la secretaria de Estado de
Educación, Monstserrat Gomendio, que fue quien compareció en nombre del
ministerio al término de la reunión. Gomendio explicó que, aunque el decreto se
aprobó en enero, el pasado junio se entregó un borrador con el que algunos
gobiernos autonómicos llevan meses trabajando. Eso fue lo que manifestaron dos
de las comunidades autónomas gobernadas por el PP (Castilla-La Mancha y Valencia),
que se comprometieron a publicar sus decretos en el plazo de un mes. “Estamos
preparados para poder aplicar la LOMCE”, señalo la consejera valenciana María
José Català. El consejero de Castilla y León, Juan José Mateos (PP), admitió
que los plazos eran “muy ajustados” pero señaló que le parecía “una polémica
estéril” y se comprometió a tener el decreto listo antes de las elecciones de
mayo
Cataluña y
Andalucía anunciaron que pondrán en marcha “medidas paliativas” para reducir el
impacto de la normativa, según admitió el consejero andaluz Luciano Alonso.
“Vamos a intentar buscar medidas para que tenga el menor impacto posible y
éxito de los alumnos”, añadió María Jesús Mier, secretaria general de enseñanza
catalana.
Seis
comunidades autónomas están revisando el real decreto – tanto los contenidos
como los plazos de aprobación- y estudian llevarlos a los tribunales. En el
Tribunal Constitucional hay ya seis recursos planteados contra la LOMCE por
cinco regiones y por el Partido Socialista. “Crea un grave precedente que por
primera vez se apruebe en el Consejo de Ministros [el pasado 26 de diciembre]
una norma cuya versión final se va a dar hoy en conferencia sectorial, lo que
incumple el reglamento”, señaló ayer la viceconsejera canaria, Manuela Armas. País
Vasco, Andalucía, Asturias y Cataluña también barajan esa opción.
Un año después de la aprobación de la LOMCE, hay
comunidades autónomas que no han cumplido con los plazos, según señaló ayer la
secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. País Vasco, Andalucía y
Cataluña no han aprobado aún el real decreto que fija los contenidos de los
currículos en primaria, donde la reforma educativa se aplica ya desde el pasado
septiembre. Las tres alegan que querían consultar y acordar los cambios con la
comunidad educativa y que, como en el caso de secundaria, los plazos le
resultaban escasos. Fuentes de Educación señalan que no tener los decretos
listos “no es normal pero es legal” porque el ministerio considera que en los tres
casos se aplica el marco básico fijado desde el Estado. Pero en otra de las
etapas – la Formación Profesional Básica (FPB), también en vigor desde
septiembre- los efectos son peores. En Cataluña solo 54 alumnos de los 5.000
potenciales se han apuntado a una Formación Profesional que la Alta Inspección
del Estado no considera bien adaptada a la LOMCE, según fuentes del ministerio.
Esto ha hecho que la comunidad autónoma haya perdido 3,5 millones de euros de
fondos europeos de un total de 47 millones previstos para 2014 cuyo reparto
aprobó el Consejo de Ministros del pasado 18 de octubre, según reveló ayer la
secretaria de Estado. Cataluña no podrá recuperar esos fondos aunque sí
mantener la financiación europea para años posteriores si se adapta a los programas,
añaden desde el ministerio.
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