Un millón de funcionarios ven recortados sus servicios médicos
Pacientes de oncología y cardiología son forzados a cambiar de centro
Es lo que le ha sucedido a una funcionaria del Estado, con 34 años en Muface, que pide el anonimato para contar su historia. Le detectaron un cáncer de pulmón, a finales de 2013, y fue operada en su hospital, el HM Sanchinarro, a través de la aseguradora Adeslas. Al pedir hora en noviembre para su revisión trimestral, en enero, le preguntaron si era “de Adeslas particular o de Adeslas Muface”. “Ya no atendemos a nadie de Muface”, asegura que le contestaron. Ahí empezó una peregrinación por diferentes oficinas para enterarse de qué estaba sucediendo. Tras mucho insistir, Adeslas accedió a continuar su tratamiento un año. “Pero dicen que las pruebas me las van a hacer en otro sitio”, precisa.
Mutualismo
Los funcionarios del Estado pueden elegir dónde recibir su asistencia sanitaria: con entidades privadas o en la sanidad pública. A 1 de diciembre de 2014, había 1.518.434 personas adscritas a Muface. Algo más del 81% escogieron la privada el año pasado, entre una de las aseguradoras que firmaron el concierto con Muface.
Los mutualistas eligen, a principios de año, entre la pública y la privada, y dentro de esta, con qué aseguradora entre las que han firmado el concierto. Este año lo han hecho Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria. En todos los casos, tienen garantizadas las mismas prestaciones. Sin embargo, las aseguradoras deciden con qué hospitales o con qué medicos contratan a su vez esos servicios.
En 2015, las aseguradoras ya no tienen convenio con varios centros sanitarios del Grupo Quirón. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) informa de que ninguna de las tres grandes aseguradoras ofrece ya los tres hospitales de este grupo en Barcelona. En Madrid, los funcionarios siguen pudiendo acudir a San José y San Camilo, las clínicas más pequeñas. En el hospital más grande, el de Pozuelo, se han limitado las especialidades que cubren las compañías, añade.
“Esta no es una enfermedad cualquiera; es un cáncer. Y esto crea mucha ansiedad y desasosiego. Se te cae el alma a los pies cuando te dicen que los médicos que te tratan, con los que tienes confianza, ya no te van a atender. No entiendo lo de las pruebas. Cuando a un enfermo de cáncer le hacen un TAC, lo miran en relación con los anteriores”, asevera la funcionaria, quien sostiene que no ha recibido información ni de Adeslas ni de Muface. "¿Adónde voy?", se pregunta.
“Esta situación está creando incertidumbre y desasosiego entre muchas personas enfermas que no saben qué hacer porque les falta información”, indica Eliseo Moreno, secretario de Acción Sindical de CSI-F, sindicato mayoritario entre los funcionarios. Estos pueden elegir, todos los años, durante el mes de enero, si quieren recibir asistencia sanitaria privada—y dentro de este sistema, con qué aseguradora— o por la red sanitaria pública. CSI-F ha pedido a Hacienda que ese plazo se prorrogue hasta el 20 de febrero. “Hemos pedido información detallada sobre qué especialidades y qué hospitales ya no entran”, añade.
Fuentes de las clínicas privadas relatan que están recibiendo miles de llamadas de funcionarios que piden aclarar qué está cubierto y qué no. El grupo hospitalario HM Hospitales hizo pública, el 7 de enero,una nota para “intentar aclarar cuál es la situación real”. “Por decisión de las propias compañías aseguradoras y por circunstancias ajenas a HM Hospitales —que lamentamos profundamente—, existen importantes modificaciones que creemos se deben conocer con el fin de obtener toda la información”, detalla. En sus centros de Madrid, que figuran entre los más prestigiosos de la privada, queda excluida la oncología y la radioterapia para adultos. A ello se suman otros recortes. Para los mutualistas de Adeslas, por ejemplo, en HM Sanchinarro y HM Puerta del Sur ya solo se ofrece obstetricia, pediatría y ginecología, según la nota.
Un portavoz de Hacienda y Administraciones Públicas enfatizó este martes que “no ha habido recortes, sino todo lo contrario”. El presupuesto del concierto para la asistencia sanitaria de los funcionarios ha aumentado un 0,8%, hasta los 1.002,7 millones, precisó.
Eliseo Moreno recuerda que el presupuesto ya venía de una congelación el año pasado y señala que el pasado 1 de enero ha entrado en vigor el nuevo IVA sanitario, que se eleva del 10% al 21%, lo que ha encarecido mucho los servicios. "Las aseguradoras llevan años advirtiendo de que iban a recortar en cuadros médicos y centros", añade. Moreno asegura que, tras la “asfixia” a Muface, se esconde el objetivo de acabar con el modelo de mutualismo. “Pensemos en lo que supondría para la sanidad pública cargar con 1,5 millones de personas más”, advierte.
El PSOE ha pedido la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique los problemas que está generando el nuevo concierto de Muface.
Fuentes de Adeslas sostienen que hace años que la prima de Muface resulta insuficiente para un colectivo cada vez más envejecido y que demanda más servicios. Agregan que otras aseguradoras han ido reduciendo su cuadro médico, poco a poco, mientras que en Adeslas, firma que eligen la mitad de los funcionarios que optan por la privada, ha llegado de repente, por lo que se nota más. Pese a todo, resaltan que ofrecen más prestaciones de las que el concierto les exige.
El portavoz de Hacienda asegura que Muface garantiza a los funcionarios exactamente las mismas prestaciones que en la sanidad pública y que son las aseguradoras las que deciden en qué hospitales y qué médicos las ofrecen.
"Si hay un problema, ¿adónde voy de urgencias?"
Esther (nombre figurado) asegura haber vivido “un suplicio” en las últimas semanas. Esta funcionaria, del Cuerpo Nacional de Policía, de 53 años, padece un cáncer de ovarios del que recayó el año pasado. “Llevo ocho años con mi oncóloga. Se ha creado una complicidad. Me conoce y conoce mi caso. Sabe lo que me va bien y lo que no. En una enfermedad como el cáncer, la confianza hace mucho”, explica.
Tras operarse, el año pasado, ha seguido yendo a revisión a su hospital, el Quirón de Pozuelo, a través de la aseguradora Adeslas. Cuando se enteró de que había cambios en el convenio de los funcionarios, llamó para enterarse: “Me dijeron que con la tarjeta de Muface ya no me atendían, que a partir de ahora mi aseguradora tendría que autorizarme cada cosa. Pero fue el hospital el que me lo dijo. Adeslas nunca me informó de nada”.
Empezó a presentar instancias. Quería que siguieran tratándola en su hospital de siempre, con el equipo de siempre. “No me contestaban. Tengo que empezar otra vez con la quimioterapia y he estado en un sinvivir. La otra vez tuve tranquilidad, pero ahora todo son nervios e incertidumbres”, relata. El viernes pasado, por fin le autorizaron la quimioterapia, pero ahora no sabe a qué atenerse en el futuro. “De palabra, sin darme nada por escrito, en la Quirón aseguran, por ejemplo, que no puedo acudir en caso de emergencia. ¿Si tengo una complicación, adónde voy de urgencias?”, se pregunta.
Un portavoz del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asegura que la continuidad asistencial de los pacientes con dolencias graves —el mismo hospital, el mismo médico— está garantizada en los seis meses siguientes a la baja del catálogo de proveedores de un centro sanitario o de una especialidad. En el caso de pacientes de las especialidades de Oncología y Psiquiatría, este periodo se alarga hasta un año.
Muface entiende la continuidad asistencial, es decir, el tratamiento en el mismo centro, “en sentido amplio”, explica dicho portavoz. Es decir, los casos en los que a un paciente se le autoriza a seguir con las consultas con su oncólogo, pero le mandan a otros centros para hacerse las pruebas o para las urgencias no serían legales. “Si un paciente se siente perjudicado, que pida amparo a Muface”, añade. Fuentes de Adeslas aseguraron que están cumpliendo "a rajatabla" lo que indica el convenio e indicaron que entienden el nerviosismo de los pacientes pero piden tranquilidad porque todos "van a seguir con su médico".
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